fbpx

Novedades jurídicas

En esta Sección vamos a publicar algunas cuestiones sobre novedades jurídicas y su relevancia y aplicación. También dudas que pudiesen surgir de dichas disposiciones.

  • El Tribunal Supremo dictamina que es ilegal que las empresas pidan certificado de antecedentes penales a los trabajadores.

Se ha establecido doctrina jurisprudencial en este sentido, disponiéndose que es ilegal pedir el certificado de antecedentes penales a un trabajador por parte de una empresa contratante.

Ello se ha producido a raiz de un supuesto de un vigilante de seguridad. Por tanto las empresas no pueden tener en cuenta los antecedentes penales a la hora de contratar a trabajadores.

(Foto: El Independiente)

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado como doctrina que, las empresas dedicadas a la seguridad privada, no tienen derecho a pedir a los trabajadores de nueva incorporación que presenten el certificado de antecedentes penales ya que, es una práctica contraria a derecho pues, prima el derecho de la protección de datos.

La sentencia viene a raíz de que la Audiencia Nacional (AN) condenase a la empresa Securitas Seguridad España S.A. a eliminar de todos sus centros de trabajo la práctica de solicitar a los trabajadores que se incorporan a la compañía el certificado de que carecían de antecedentes penales en su historial durante los últimos cinco años.

Ante la resolución de la AN, la empresa española presentó un recurso de apelación al Tribunal Supremo, el cual lo ha rechazado, confirmando el cumplimiento de  la sentencia emitida por el anterior órgano judicial. El TS ha insistido en que los datos de carácter personal están sujetos a la confidencialidad y, por tanto, no son de conocimiento público.

«Los datos de carácter personal están sujetos a la confidencialidad y, por tanto, no son de conocimiento público» (Foto: Directorio de Empresas Españolas)

Los antecedentes penales son datos que están protegidos por el derecho fundamental a la protección de datos, recogido en diversas fuentes de leyes fundamentales, como la Constitución Española (CE) en su Capítulo Segundo, Sección 1ª de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas; así como en el Título I, Derechos y Libertades del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

  • Real Decreto 135/2021 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

Con esta disposición viene a abordarse la adecuación de la normativa sobre la profesión de Abogado al actual marco normativo, fuertemente influido por las disposiciones comunitarias y las vigentes reglas del mercado y la competencia. Destaca la innovación y actualización de los anteriores postulados de la deontología profesional, que se hallaban contemplados en el Real Decreto 658/2001 de 22 de junio. De esta forma la colegiación se regula de forma unitaria regulándose entre otros, aquéllos aspectos reservados por la Ley 34/2006 de 30 de octubre, sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Asimismo se acometen desde la perspectiva corporativa de esta norma, las limitaciones, incompatibilidades y facultades propias de los abogados en el ejercicio de la profesión, incorporando asimismo una detallada regulación de las relaciones con los clientes. Respecto de éstos, se reconoce el derecho a una información adecuada, en un notable ejercicio de la transparencia, y la garantía de un servicio de atención a consumidores y usuarios.

También es relevante destacar que se regula el fomento de la especialización en la profesión, y la introducción de disposiciones sobre la modernización en todos los órdenes comenzando con el uso de las nuevas tecnologías y avances en la digitalización.

  •  Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 1467/2021 de 14 de Diciembre, en recurso 5253/2020. Esta sentencia es importante en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Viene a asentar jurisprudencia de interés casacional, por cuanto que como se establece en la misma si que constituyen ingresos computables en la base imponible del IRPF los ingresos a los que el arrendador de un bien inmueble tenga derecho a percibir tras la interposición de una demanda de desahucio. Este supuesto se refiere a aquéllos casos en los que el arrendador hubiese realizado un contrato de arrendamiento de un bien inmueble y el arrendatario no estuviese al corriente en el pago de las cuotas. Y derivado del impago de las cuotas el arrendador hubiese interpuesto demanda de desahucio. En dichos casos viene el Tribunal Supremo a establecer con interés casacional que efectivamente las cantidades que deban ser satisfechas al arrendador durante el periodo de la demanda y hasta que se dicte sentencia, deben integrarse y tributar como rendimiento de capital inmobiliario en la base imponible del IRPF.
  • Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Si una característica hay que destacar de esta nueva Ley es el carácter aclaratorio de la misma. Efectivamente en el proceso de nombramiento y destitución de los funcionarios interinos con la anterior Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no se detallaba la regulación, siendo una regulación general y poco precisa. Pero con esta nueva Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se vienen a desarrollar los aspectos del nombramiento y destitución de los mismos que ciertamente requerían un mayor desarrollo. En este sentido se determinan con mayor precisión los plazos y el funcionamiento de estos funcionarios.

De esta forma se modifica el artículo 10 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, determinando el carácter temporal de la figura del funcionario interino, tanto en referencia a su nombramiento como en la delimitación del plazo máximo de duración del mismo. Asimismo de desarrolla la normativa que regula el procedimiento selectivo del funcionario interino, estableciendo además plazos máximos de permanencia del personal interino.

  • Real Decreto 42/2022 por el que se dispone una ayuda al alquiler de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes de hasta 35 años con fuentes regulares de ingresos, siempre que los de su unidad de convivencia sean inferiores a tres veces el IPREM. La normativa establece también el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, desglosado en trece programas de actuación.

  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Alicante de 7 de enero de 2022, Proc. 319/2020. Varios médicos de Valencia serán indemnizados por haber puesto su vida y su salud en riesgo durante la pandemia. Las indemnizaciones que otorga un juez de Alicante van desde los 5.000 euros a los 49.000 euros a cada uno de los sanitarios.

  • Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de enero de 2022, C-514/2020. Se establece en esta sentencia comunitaria que el tiempo de vacaciones computa para fijar el umbral que da derecho al complemento por horas extraordinarias.

  • Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V-2679-21 de 5 de noviembre. Tratamiento del llamado «staking» , servicio relacionado con las criptomonedas, en el Impuesto sobre el Valor Añadido. La rentabilidad obtenida por el staking por los titulares de las criptomonedas que tengan la condición de empresarios o profesionales constituye una operación sujeta pero exenta dado que dicha rentabilidad es el resultado de la propia cesión de las criptomonedas. No lo será por el contrario, los servicios prestados a clientes por los proveedores de staking, que no participan de esa naturaleza financiera, dado que estas plataformas posibilitan a los titulares de las criptomonedas utilizar sus activos digitales para obtener recompensas del proceso de staking.
  • Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 1278/2021 de 16 de diciembre, recurso 147/2021. Conflicto Colectivo. Días de ajuste de jornada anual y ERTEs de suspensión del contrato o reducción de jornada durante el COVID-19. No procede el derecho a los días de ajuste de la jornada anual para quienes ha estado en ERTEs. Si los días de ajuste traen causa de un cómputo de tiempo efectivo de trabajo, no pueden mantenerse para quienes no han prestado servicios como puede suceder por causa de los ERTEs. No existe obligación de negociar la modificación del calendario laboral en lo relativo a los días de ajuste, cuando lo que se está cuestionando es si existe derecho a esos días cuando, en el año de referencia, el contrato de trabajo ha sido suspendido o ha visto reducida su jornada por ERTE, no hay precepto alguno del que obtener que en esa situación exista dicha obligación.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del TSJ Andalucía, confirmando la desestimación de la demanda de conflicto colectivo.

  • Manual Práctico del Impuesto de Sociedades 2021. Pincha en el siguiente enlace para verlo:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Ayuda/21Manual/200.shtml

  • Video explicativo de la Campaña de Renta 2021, entérate de los aspectos más importantes a la hora de realizar la declaración de la Renta 2021.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/rentaweb2021/videos.html

  • Manual Práctico sobre la Renta 2021, pincha en el siguiente enlace:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/rentaweb2021/videos.html

  • Novedad: Reducción del Límite general aplicable a la Base Imponible de las aportaciones y contribuciones a planes de pensiones, dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Una de las novedades de la Ley de PGE 2022 se refiere a la reducción del límite general aplicable en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, y la posibilidad de que el nuevo límite pueda incrementarse mediante aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social.

  • El límite cuantitativo máximo de reducción fiscal conjunta por aportaciones a sistemas de previsión social pasa a ser 1.500 euros anuales. Por tanto, se reduce en 500 euros el límite anterior de 2.000 euros. El mismo límite de 1.500 euros anuales también opera para el conjunto de reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del mismo contribuyente.
  • Novedades en 2022 en el Impuesto sobre Sociedades.

Se introduce una tributación mínima  del 15% sobre la base imponible  afectaría a los siguientes contribuyentes:

– Aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios (INCN) sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, y

– Aquellos que tributen en el régimen de consolidación fiscal del IS, en este caso con independencia de su cifra de negocios.

Es importante señalar que quedan fuera del ámbito de aplicación determinados contribuyentes bajo el denominador común de que tributan a un tipo de gravamen reducido o nulo como, entre otros, las sociedades de inversión de capital variable y los fondos de inversión de carácter financiero regulados, las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria, las Socimis o los fondos de pensiones.

  • Impuesto de Sociedades 2022. Reducción de la bonificación aplicable a las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas en 2022

La Ley de PGE 2022 introduce una reducción de la bonificación de la que disfrutan las entidades acogidas al régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda (EDAV), que pasan del 85% actual al 40% a partir del 1 de enero de 2022. Según KPMG, esto implicará que el tipo efectivo del IS de las EDAV por la actividad de arrendamiento de viviendas se incremente del 3,75% actual (tipo del 25% aplicado  sobre el 15% de renta no bonificada) al 15% (25% aplicado sobre el 60% de renta no bonificada).

  • Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido 2022.

Prórroga de los límites vigentes para aplicar el régimen simplificado y el especial de la agricultura, ganadería y pesca.

En consonancia con la medida introducida en el IRPF, también en el IVA se prorrogan para el período impositivo 2022 los límites para la aplicación del régimen simplificado (150.000 euros) y el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca (250.000 euros).

No se ha aprobado en esta norma la enmienda -presentada durante la tramitación en las Cortes Generales del Proyecto de LPGE- para introducir una rebaja del tipo de IVA en los servicios de peluquería, barbería y estética del actual 21% al 10%.